Impulsar el desarrollo de las redes y servicios 5G es clave para nuestro país. Existe un consenso casi generalizado acerca de su relevancia, que no se circunscribirá al sector de las telecomunicaciones, sino que empresas, ciudadanía y Administraciones Públicas podrán beneficiarse de nuevos servicios, soluciones y aplicaciones y, sobre todo, obtener eficiencias relevantes en sus actividades ordinarias.
Un estudio[1] encargado por la Comisión Europea indica que, al introducir el 5G en cuatro sectores productivos (automoción, salud, transporte y “utilities”), los beneficios estimados aumentarían progresivamente hasta alcanzar los 62.500 millones de euros de impacto directo anual dentro de la Unión Europea en 2025. Si se considera también el impacto indirecto, los beneficios totales anuales esperados alcanzarían los 113.000 millones de euros. En el caso de España, el mismo estudio estima que con unas inversiones adecuadas en 5G en nuestro país se obtendrían, en el año 2020, unos beneficios indirectos en los 4 sectores analizados de 14.600 millones de euros y una importante creación de empleos.
Con el objetivo de poder generar un entorno apropiado que permita aprovechar las oportunidades que ofrece el 5G, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital puso en marcha este verano una consulta pública para recabar propuestas e información relevante para la definición de las actuaciones e iniciativas que van a conformar el Plan Nacional 5G.
Los puntos clave de dicha consulta sobre el Plan Nacional 5G:
– Las redes 5G serán inicialmente un complemento de las redes 4G. Mejorarán la conectividad, pero no van a sustituir al 4G, cuyo despliegue continuará y se extenderá en cobertura y capacidad durante varios años.
– En un primer momento, las bandas de frecuencias principales para las redes 5G serán 3,4-3,6; (para capacidad, con 100MHz por operador) y la 700 MHz (para la cobertura).
– Lo que inicialmente va a demandarse de las redes 5G es el incremento de la capacidad para hacer frente al crecimiento del tráfico de datos frente a cualquier otro escenario o servicios.
– Las redes 5G se van a caracterizar por ofrecer capacidades más altas, bajas latencias, y permitir consumos de energía más bajos, así como una gestión de redes virtuales y la posibilidad del “network slicing”.
– El despliegue empezará con macro-cells, dejando el uso de small cells a fases posteriores, por los altos costes que suponen. Será fundamental la colaboración con ayuntamientos y Administración Pública, así como una homogeneidad en la normativa municipal para el uso de mobiliario urbano y el acceso a la infraestructura existente, así como una simplificación en los procesos de puesta en servicio.
– No es adecuado iniciar despliegues sin que se haya completado la normalización europea técnica.
– Es esencial que los derechos de espectro que se otorguen permitan garantizar el retorno adecuado de las cuantiosas inversiones que va a requerir el despliegue y explotación de las redes 5G. Por tanto, es fundamental asegurar concesiones administrativas para un uso privativo del dominio público radioeléctrico con una duración de al menos 25 años.
– El modelo de licitación adecuado es el de subasta, por haberse acreditado como un instrumento adecuado en experiencias previas de asignación de derechos de espectro en los años 2011 y 2015.
– El modelo más eficiente de conexión de las small cells es por fibra, por lo que es preciso oferta regulada de cesión de fibra óptica del incumbente.
– La red 5G no presenta ni debe presentar problema alguno en relación a la regulación de la neutralidad de red, lo contrario supondría desvirtuar por completo la finalidad y prestaciones que permiten estas redes.
[1] Estudio SMART 2014/0008: «Identification and quantification of key socio‐economic data to support strategic planning for the introduction of 5G in Europe».
