La alerta sobre los riesgos que presenta internet para nuestros menores resulta ya una cantinela recurrente que, si bien es necesaria, probablemente pierde eficacia con cada nueva repetición. Por ello, sin obviar la indispensable alerta permanente sobre los peligros que acechan en el mundo online y en el físico, se impone una nueva aproximación a este problema. El nuevo abordaje de las cuestiones vinculadas al uso de Internet por niños y adolescentes debería cimentarse sobre ciertos pilares básicos.
En primer lugar, el punto de partida no puede ser otro que afirmar rotundamente que Internet es una herramienta positiva al servicio del desarrollo intelectual y social del menor. Los discursos basados en demonizar el medio probablemente causen más problemas de los que resuelven. Ningún estudiante en toda nuestra historia tuvo en sus manos la Biblioteca de Alejandría a un solo clic. Y mucho menos dispuso de potentes herramientas de indexación, clasificación y acceso al conocimiento para obtener de modo certero la información específica que necesite en cada momento. Explicar la Tierra ya no sólo es un sueño imposible o un artículo de una polvorienta enciclopedia. El planeta azul son las fotografías históricas y presentes de la NASA, son los mapas que relacionan la luz eléctrica visible desde el espacio y el desarrollo económico, son recursos formativos del Open Course Ware del MIT, y la Britannica, y National Geografic, y miles de universidades… Internet, y las aulas virtuales constituyen también una nueva metodología para al aprendizaje, rompen barreras espaciotemporales, sirven para la integración y el desarrollo de personas con necesidades educativas especiales. Además, en un mundo cada vez más urbano, y tan inseguro en el ámbito físico como en el otro, las redes son lugares de encuentro y socialización, de desarrollo y de conversación. No podemos inculcar en los adultos el miedo a Internet porque educarán inadecuadamente, porque contagiarán prejuicios, porque prohibirán. Y nada más tentador para un joven que lo desconocido y prohibido.
En segundo lugar, necesitamos del compromiso de Gobiernos e industria. El Tribunal Supremo de Estados Unidos aseguró la libertad de expresión en Internet (Reno v. ACLU) pero era una red muy distinta. Hoy se impone como una necesidad ineludible la implementación de controles sobre personas y empresas sin escrúpulos que delinquen o que explotan las debilidades de la infancia. Las conductas nocivas necesitan de una legislación penal adecuada y trasnacional y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad requieren urgentemente herramientas que faciliten su actuación. El Parlamento Español desarrolla iniciativas altamente positivas en esta materia, pero las acciones concretas y contundentes en el plano normativo interno e internacional no pueden esperar. Pero incluso con una potente regulación, hoy por hoy inexistente, se requiere del compromiso firme de la industria en la retirada de contenidos nocivos y peligrosos y vetando todo acceso a quienes comercian con el alma y la dignidad de nuestros hijos.
Por último, el elemento determinante no es otro que la educación. Es muy probable que la mayoría de los adultos con responsabilidades parentales que lean este trabajo suscriban al 100% la siguiente afirmación: «es fundamental evitar que los menores se expongan a riesgos en internet, y para ello resultan idóneos los filtros de contenidos y la instalación de programas de control parental». No parece que sea ésta una verdad incuestionable pero se halla en el origen de un grave problema. Si ésta es la única enseñanza que hemos obtenido estamos abocados al fracaso. Primero, porque este planteamiento puede ser funcional y recomendable en edades tempranas pero está condenado a la esterilidad a medida que el niño muta en adolescente. Para empezar, hay que ser capaz de implementar los controles, lo que no está al alcance de todos y, segundo, si la educación se limita a “prohibir” los resultados serán muy pobres. El menor navegará allí donde no haya controles, -digamos por ejemplo en casa de sus 50 mejores amigos-, y seguramente buscará aquello que se le prohíbe, precisamente porque le está vetado.
Por ello es necesario educar, y la educación en privacidad puede ser una buena herramienta. El primer paso, consiste en superar la noción tradicional de “intimidad” y permitir que el menor aprenda cual es el valor de la información personal en la conformación de su identidad digital. Se trata de superar la tradicional visión reactiva del derecho a la intimidad como respuesta jurídica frente a una amenaza para apoderar al menor de su propia información. El niño o niña debe aprender que el origen de muchos de los riesgos a los que está sometido se encuentra en el hecho de facilitar datos a terceros o situar estos en contextos abiertos o demasiado visibles. Debe ser capaz de poner en valor esa información y entender que le define frente al mundo y afecta al modo en los que los demás nos perciben. Debe ser capaz de elegir sus espacios sabiendo cómo van a tratar sus datos personales y en qué medida puede existir algún tipo de riesgo o exposición. Parte indispensable de este aprendizaje se relaciona con la empatía. Es necesario aprender cual es el impacto que tiene para mis compañeros y compañeras un comentario inadecuado, subir una fotografía o realizar una broma pesada.
Para conseguir estos objetivos resulta fundamental el compromiso de universidades, de autoridades educativas, de los padres y del desarrollo de políticas de responsabilidad social corporativa de las compañías, incluidas aquellas cuyo modelo de negocio no se relacione con internet.
Las universidades deben incorporar formación específica relacionada con esta materia en todas las titulaciones que forman y capacitan a los profesionales de la educación. Incluso cabe plantear si las competencias en materia de Internet exigen incluso una asignatura específica. Materiales no faltan para ello, baste con citar los recursos educativos desarrollados por las autoridades de protección de datos o por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación-INTECO. Es indispensable que las nuevas generaciones de docentes estén capacitadas tanto para abordar el problema en las aulas y emprender acciones de formación de formadores y formación de adultos.
Por su parte, las autoridades deben dejar de estar preocupadas para pasar a la acción. La teórica inserción de este tipo de aprendizaje en asignaturas preexistentes no resuelve problema alguno cuandolos docentes carecen de las suficientes herramientas, como es obvio para una observador medio. La recientemente presentada Agenda Digital para España se refiere puntualmente a los menores y destaca que «la incorporación generalizada de las Tecnologías dela Información y Comunicación (TIC) al sistema educativo permitirá personalizar la educación y adaptarla a las necesidades y al ritmo de cada alumno». Y añade, que «asimismo, el uso responsable y ordenado de estas nuevas tecnologías por parte de los alumnos debe estar presente en todo el sistema educativo». Las líneas de actuación, seguramente porque no sea éste el documento adecuado, no incluyen ninguna acción específica respecto del aprendizaje de las competencias y habilidades necesarias para formar en ese uso responsable y ordenado.
Finalmente, el mundo empresarial debe ser consciente del impacto de su actividad en internet. A nadie sorprenden las limitaciones en cuanto a la emisión de contenidos y publicidad en los medios de comunicación tradicionales, y probablemente se trata de restricciones asumidas como positivas por anunciantes y proveedores de contenidos. Sin embargo, en los albores de la publicidad online basada en el comportamiento y del llamado big data, ¿podrán diferenciar nuestros niños y niñas entre publicidad y manipulación?, ¿podrán discriminar los emisores la presencia de un menor para no editar ciertos contenidos? Por ello, las empresas además del esfuerzo de cumplimiento normativo propio y de generar recursos educativos, deberían aportar recursos para fomentar la investigación en esta materia.
El derecho fundamental a la protección de datos, y el control de nuestra información personal, constituye la piedra angular en torno a la cual gira la garantía de nuestros derechos en la sociedad de la información. Es fundamental garantizar una adecuada protección de la juventud y la infancia, el desarrollo de la personalidad del menor y la construcción de su identidad digital, el diseño de un entorno protegido en los contenidos y el llamado derecho al olvido, tan importante cuando afecta a nuestro crecimiento y desarrollo como seres humanos para los que equivocarse y olvidar resulta fundamental. Sin embargo, no basta con ello, los menores deben aprender a controlar su información y a proteger su vida privada, debemos enseñar privacidad.
Autor: Ricard Martínez Martínez (Presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad)
