El calendario fiscal está marcando transformaciones relevantes para quienes trabajan por cuenta propia. La regulación europea avanza hacia sistemas más simples y accesibles, y España adapta su marco tributario a un modelo que busca reducir trámites y liberar tiempo productivo. Como siempre, el IVA se convierte en un punto de inflexión para miles de profesionales autónomos.
La realidad es una: los autónomos destinan una parte notable de su esfuerzo a tareas administrativas. Esta carga reduce su competitividad y complica la gestión diaria de proyectos, especialmente en actividades con márgenes ajustados.
¿Qué particularidades tienen estos tres millones de trabajadores en nuestro país?
Qué tipos de IVA existen actualmente y cuánto se paga
En España conviven tres tipos impositivos que dependen de la naturaleza del bien o servicio.
IVA general – 21%
Aplica a la mayoría de bienes y servicios habituales, desde servicios profesionales hasta productos de consumo general. Es el tipo impositivo más común dentro del sistema español.
IVA reducido – 10%
Se utiliza en actividades y productos relacionados con la restauración, el transporte, algunos artículos sanitarios y determinados servicios vinculados a la vivienda. Su función es rebajar la carga fiscal en sectores de uso frecuente.
IVA superreducido – 4%
Se reserva para bienes considerados esenciales, como alimentos básicos, libros o productos concretos de primera necesidad destinados al cuidado personal.
Los autónomos repercuten el impuesto en sus facturas y soportan el de sus gastos deducibles. La diferencia entre ambos determina la liquidación trimestral.
Aunque la reforma introduce un régimen voluntario para quienes facturan por debajo de ciertos límites, esta estructura de tipos sigue vigente para el resto de contribuyentes.
En qué consiste el futuro régimen franquiciado
El nuevo régimen se basa en la transposición de la Directiva Europea 2020/285, orientada a suavizar las obligaciones fiscales de pequeños negocios.
La idea central consiste en ofrecer una alternativa simplificada para quienes no superen unos niveles de facturación relativamente bajos.
Su funcionamiento es sencillo: el autónomo no repercute IVA en sus facturas, no está autorizado a deducir el impuesto soportado y no presenta declaraciones trimestrales ni resúmenes anuales.
Este esquema modifica la relación entre profesional y administración tributaria. La ausencia de modelos como el 303 o el 390 reduce el margen de error y elimina parte del trabajo contable mensual.
Sin embargo, esta simplificación implica renunciar a la devolución del IVA soportado, lo que puede resultar desfavorable en sectores con inversiones intensivas. La elección de este régimen debe analizarse con detenimiento, ya que cada actividad presenta particularidades.
Límites, umbrales y condiciones de acceso
La normativa europea establece que podrán acogerse quienes no superen 85.000 euros de facturación nacional en el ejercicio.
En operaciones con otros países de la UE, el máximo permitido asciende a 100.000 euros. Además, se exige que el volumen de negocio no crezca por encima del porcentaje anual definido en la trasposición española, que oscilará previsiblemente entre un 10% y un 25%.
La pertenencia a este sistema es voluntaria y debe solicitarse mediante los modelos censales habituales. La inscripción tiene validez anual y requiere comunicar la decisión antes del comienzo del ejercicio. De esta manera, el profesional conoce con antelación su marco fiscal y puede planificar mejor sus cuentas.
Actividades que ya disfrutan de exención por ley
Independientemente de la reforma, existen actividades que históricamente están exentas del impuesto por su naturaleza.
Entre ellas se encuentran los servicios sanitarios, determinadas funciones docentes, actividades culturales específicas o el alquiler de vivienda habitual.
Aunque estas operaciones no aplican IVA, los profesionales mantienen otras obligaciones fiscales, especialmente en materia de IRPF. La exención no incluye automáticamente todos los servicios de un sector, por lo que es imprescindible revisar la normativa que regula cada caso.
La factura electrónica como pieza clave del nuevo sistema
El despliegue de la factura electrónica ya vigente a partir de 2025 pretende unificar procedimientos y mejorar la trazabilidad de las operaciones.
Para los autónomos supone un instrumento que reduce errores, agiliza la gestión de ingresos y facilita el registro de documentos. Su implantación forma parte de una estrategia más amplia de digitalización administrativa que favorece la transparencia y minimiza la posibilidad de fraude.
Al integrarse con el régimen simplificado, este sistema también contribuye a que los autónomos que opten por la franquicia puedan operar sin preocuparse por la presentación de documentos periódicos.
Las plataformas de facturación ofrecerán avisos, plantillas y menciones automáticas para indicar que una operación está exenta, lo que evita confusiones y asegura el cumplimiento normativo.
Cómo afecta la exención del IVA a la facturación diaria
Cuando un profesional está dentro del régimen franquiciado, la factura debe incluir una mención expresa que indique la exención, ya que no es suficiente eliminar el impuesto.
Este tipo de anotación garantiza la claridad frente al cliente y ante la administración. A pesar de la ausencia de liquidaciones, el autónomo sigue obligado a conservar las facturas, pues sirven para justificar ingresos en otras declaraciones.
La ausencia de IVA puede generar una ventaja competitiva en sectores donde el cliente final no puede deducir el impuesto. El precio final se reduce y mejora la posición del autónomo frente a empresas de mayor tamaño que continúan aplicando los tipos impositivos habituales.
Este enfoque es uno de los motivos que han llevado a Europa a fomentar este tipo de regímenes, con el fin de equilibrar un mercado cada vez más concentrado. ¿Qué pasará en 2026?
